Menospreciar la Constitución

La Carta Magna no debe cambiarse por simple oportunidad política, menos aún por oportunismo electoral

24/08/2011

Francesc de Carreras

FRANCESC DE CARRERAS

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Una improvisación, una más. Esta reforma constitucional exprés sigue la tónica de un año de medidas tomadas a medias, sobre la marcha, sin plan ni proyecto, y bajo presión externa. Ahora se decide alegremente un cambio constitucional cuando otros, más necesarios y legislativamente más sencillos, todavía están pendientes de culminar, en especial las reformas laboral y financiera.

¿Es necesaria una reforma constitucional a uña de caballo para lograr en lo inmediato una estabilidad presupuestaria que permita controlar el gasto público? La respuesta obvia es no. Bastaba con un compromiso parlamentario de PSOE y PP en dos puntos básicos: acuerdo para reducir el gasto en el próximo presupuesto y, tras las elecciones, compromiso de modificar la Constitución estableciendo en ella los criterios para fijar un límite al déficit público. El efecto hubiera sido el mismo y las cosas se harían como deben hacerse.

Pero el aspecto más negativo del anuncio de ayer es la frivolidad con la que se trata una reforma constitucional. El presidente del Gobierno, y también el líder de la oposición, deberían saber que la materia constitucional, es decir, la regulada en la Constitución, no es una materia cualquiera sino aquel mínimo imprescindible que debe ser regulado para durar, para ser estable, para cambiarlo sólo en caso de necesidad y tras un amplio debate público, no por simple oportunidad política, menos aún por oportunismo electoral.

Con el anuncio de ayer se ha devaluado la Constitución al dar la sensación de que sus preceptos son de usar y tirar, casi tan fáciles de cambiar, si se cuenta con los votos necesarios para ello, como aprobar un decreto ley, que tiene constitucionalmente vedado regular determinadas materias precisamente porque sólo puede utilizarse en casos excepcionales. Aunque quizás constitucionalizar el límite de déficit sea una medida adecuada, cualquier cambio en la Constitución, precisamente porque significa cambiar nuestra norma básica de convivencia, requiere un debate público previo que permita a los ciudadanos asumir la necesidad y conveniencia del cambio. Con la urgencia de la aprobación, y más todavía en pleno agosto, nada de eso será posible. Un menosprecio a una norma que, más que ninguna otra, es la máxima expresión de la voluntad de un pueblo, no de las necesidades electorales de los políticos.

Puestos a encontrar algún aspecto positivo sólo encontramos uno: quizás puede ser, finalmente, el comienzo de un acuerdo de largo alcance entre los dos partidos mayoritarios para poner remedio a la crisis y encauzar con solidez el futuro de la economía española, sea quien sea el ganador de las futuras elecciones. No es nada seguro que ello sea así y la vuelta a la greña puede estar en la próxima parada. Sería una lástima, una nueva ocasión perdida. Pero hoy nos podemos permitir ciertas esperanzas.

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