Una amnistía fiscal que hace agua

 

Los acogidos a la ley se cruzaban el viernes preocupados comentarios sobre la que se avecina

Manel Pérez

MANEL PÉREZ | Sigue a este autor en Twitter

La onda expansiva del terremoto Bárcenas está agrietando cimientos y provocando imprevistos daños colaterales más allá del ámbito político, especialmente en el económico. Que se lo pregunten sino a los atribulados contribuyentes, más de 30.000, una parte importantísima de los cuales, cerca de la mitad, catalanes (ocasión habrá de analizar las causas de este hecho), que se acogieron a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno el año pasado y que el viernes se desayunaron con la reproducción en la prensa de las palabras de la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, anunciando la revisión de todas esas declaraciones especiales para ver qué encontraban. Preocupados comentarios – "Oye tú, ¿pero no habían dicho que eso iba a quedar sellado y no se iba a hablar más?", "Pues ya ves, aún saldremos en los papeles"-, circularon a velocidad de fibra óptica en salones nobles, por la mañana, y restaurantes de postín de Barcelona y Madrid, después del mediodía, de esa jornada de transición hacia un fin de semana menos relajado de lo previsto.
La cuestionada amnistía fiscal diseñada por Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda, como una especie de débil atajo para aplazar las subidas de más impuestos como el IVA, ha entrado en el quirófano y enfrente una intervención de gravedad.
La medida ya fue inicialmente criticada por el agravio comparativo que suponía olvidar penas y castigos para quienes han defraudado, mientras se suben los impuestos a quienes pagan religiosa y legalmente.
Cuestionamiento que se agravó hasta el extremo cuando una orden ministerial posterior a la ley sancionó que podían beneficiarse del olvido aquellos contribuyentes que aportasen dinero en efectivo, bastando su simple palabra para certificar que eran titulares de los billetes antes del límite fijado por el Gobierno. Intente cualquier ciudadano normal acercarse a una sucursal bancaria para hacer un ingreso efectivo de una cantidad respetable, tampoco demasiado grande, y verá lo que le pasa. Esa exhibición de manga ancha le valió al Gobierno la acusación de abrir la puerta al blanqueo de toda clase de personajes y dineros, en especial los de ilegal origen, y constituir una auténtica puerta para el blanqueo de capitales. Desde entonces, Hacienda y los inspectores fiscales vienen manteniendo un pulso de alta tensión que ahora parece haberse decantado hacia estos últimos.
Montoro, y con él el Gobierno, tienen un problema de difícil resolución. Organizaron una amnistía fiscal, prometieron secreto y opacidad a quienes se acogieran, aseguraron a una opinión pública indignada que el proceso estaba blindado de modo que ni gángsters o corruptos identificados y especies similares podrían utilizarla y al final, tras el anuncio de Viana, es legítimo dudar de todas y cada una de las garantías ofrecidas en su momento a los ciudadanos.
En su afán para despejar dudas, Viana utilizó el pasado jueves el ejemplo de que una persona que esté acusada de asesinato no quedará absuelta de ese crimen por el hecho de acogerse a la amnistía gubernamental como hilo argumental para asegurar que Bárcenas y su banda no podrían sacar partido de la declaración especial. No es eso lo que los ciudadanos se preguntan, sino si el extesorero del PP, o cualquier imputado en Gürtel o en otros asuntos de corrupción política, que siempre implica defraudar a la Hacienda pública, habría podido precisamente aprovecharse de esa legislación para rebajar sus responsabilidades ante el fisco.
Hacienda ha aportado argumentos más serios que los de Viana el jueves para defender que Bárcenas no estará entre los beneficiados por la amnistía. Entre otros, que la normativa fiscal no está por encima del Código Penal, que deja claro que la imputación previa de un juez, incluida la de delito fiscal, no se sortea con una declaración especial en la delegación de Hacienda. Y también que Bárcenas no dijo la verdad al ampararse en una sociedad instrumental para ocultar su condición de verdadero beneficiario de los muchos euros cobijados en paraísos fiscales. Pero el debate sobre lo concreto de las imputaciones, si se especifican años y tipos de impuestos, en el caso Gürtel está abierto.
El caso del extesorero del PP, o de sus finanzas si se prefiere ampliar el foco, está teniendo tal impacto en la opinión pública que el Gobierno se ha quedado sin capacidad para sostener las discusiones técnicas sobre una norma que los ciudadanos han cuestionado desde su aprobación. El resultado es la contradicción de asegurar en maitines que la amnistía está blindada y decir en nonas que se va a revisar todo. El ejecutivo queda pues entre dos tensiones, la de defender su norma, por un lado, y la de ofrecer espectáculo para cambiar el eje del debate por otro. Un nuevo frente de polémica fiscal está servido. La inspección comenzará a revisar las declaraciones especiales acogidas a la amnistía, en especial aquellas que se realizaron aportando dinero en efectivo. Seguro que pronto tendremos noticias.

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s